La muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) continúa generando fuertes cuestionamientos dentro de la Secretaría de Seguridad, luego de que el ministro Gerzon Velásquez confirmara que el operativo sí estaba autorizado, pero no para ejecutarse en el lugar donde ocurrió la tragedia.
Las declaraciones del funcionario abrieron una nueva línea de investigación sobre posibles modificaciones en la misión policial desarrollada en Corinto, Omoa, Cortés, una zona fronteriza considerada estratégica para estructuras ligadas al narcotráfico y el crimen organizado.
Mientras avanzan las pesquisas internas, autoridades buscan determinar quién tomó la decisión de trasladar la operación hacia ese sector y si existió una autorización oficial para alterar el plan inicial del operativo.
Operación autorizada, pero en otro sector
Durante una entrevista en el programa televisivo 30|30 de Televicentro, conducido por el periodista Edgardo Melgar, el ministro de Seguridad detalló que la misión policial originalmente estaba planificada para ejecutarse en otro punto del país y no en Corinto, donde finalmente se produjo el ataque armado que cobró la vida de los cinco uniformados.
“Aparentemente sí fue autorizada, pero no en ese lugar”, expresó Velásquez.
Según explicó el funcionario, actualmente una comisión especial revisa toda la documentación relacionada con el operativo, incluyendo órdenes de misión, reportes de inteligencia y movimientos realizados por los equipos policiales antes del enfrentamiento.
Las investigaciones preliminares apuntan a que la operación estaba vinculada con un caso relacionado al narcotráfico y que originalmente debía desarrollarse en el departamento de Colón.
El titular de Seguridad aseguró que las autoridades también investigan si durante el desarrollo de la misión existió una modificación no autorizada o cambios de última hora que alteraron el curso de la operación.
“Todavía estamos en la investigación para verificar si durante el proceso hubo algún cambio o una autorización de cambio”, manifestó el funcionario.
Velásquez advirtió además que los responsables de dirigir el operativo en el terreno tenían la obligación de garantizar la seguridad de los agentes participantes, por lo que no descartó posibles responsabilidades administrativas o penales en caso de encontrarse irregularidades.
La comisión especial designada por la Secretaría de Seguridad está integrada por oficiales con amplia experiencia operativa, quienes analizan cada detalle previo y posterior al operativo.
“Todo tiene que quedar documentado y si no es así, habrá algún tipo de responsabilidad”, afirmó el ministro.
La masacre que sacudió a la Policía Nacional
El violento hecho ocurrió el jueves 21 de mayo en una vivienda ubicada en Corinto, Omoa, cerca de la frontera con Guatemala, los agentes realizaban labores de allanamiento e investigación cuando fueron atacados por sujetos armados.
En el enfrentamiento murieron los agentes Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benevides, Dailin Francisco Elvir Quintanilla y Emerson Josué Canales Fúnez, todos miembros de la Dipampco.
La masacre ha provocado conmoción dentro de la institución policial y reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad utilizados en operaciones de alto riesgo contra estructuras criminales.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen operativos en la zona fronteriza y continúan recopilando evidencia para esclarecer completamente lo sucedido y determinar si hubo fallas humanas, errores estratégicos o decisiones irregulares que terminaron exponiendo a los agentes a una emboscada mortal.