La publicación del Decreto 84-2026 en el diario oficial La Gaceta da un giro en la lucha contra el crimen organizado en Honduras, desde este 22 de mayo, las maras y pandillas pasan oficialmente a ser consideradas asociaciones terroristas bajo el Código Penal hondureño.
La nueva legislación, aprobada por el Congreso Nacional y sancionada por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah, endurece las penas por extorsión, crimen organizado y financiamiento de estructuras criminales, incluyendo condenas de hasta cadena perpetua cuando las víctimas fallezcan producto de estos delitos.
Autoridades aseguran que la reforma busca debilitar las redes criminales que durante años han sembrado miedo en barrios, mercados y rutas del transporte público, sin embargo, sectores defensores de derechos humanos advierten que las nuevas medidas deberán aplicarse bajo estrictos controles legales para evitar abusos.
Honduras endurece su ofensiva contra las estructuras criminales
Con la entrada en vigencia del Decreto 84-2026, el Estado hondureño da uno de los pasos más severos en materia de seguridad de las últimas décadas.
La reforma al artículo 587 del Código Penal establece que las maras y pandillas serán consideradas asociaciones terroristas cuando recurran a mecanismos de violencia sistemática, intimidación colectiva, control territorial o coerción contra la población.
La normativa también incorpora dentro de esta clasificación a organizaciones ligadas al narcotráfico, secuestro y otras redes del crimen organizado que busquen generar terror o presionar al Estado mediante actos violentos.
De acuerdo con el texto aprobado, los líderes, promotores y financistas de estos grupos enfrentarán penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de multas económicas que podrían superar los miles de días salario, mientras tanto, los miembros activos de estas organizaciones recibirán condenas de entre 10 y 15 años de cárcel.
Foto: Cortesía
Extorsión será castigada con penas más severas
Otro de los cambios más contundentes incluidos en la reforma corresponde al delito de extorsión, una de las principales fuentes de financiamiento de las estructuras criminales en Honduras.
La modificación al artículo 373 del Código Penal eleva las penas de 15 a 20 años de prisión para quienes participen en cobros ilegales, amenazas o exigencias económicas contra comerciantes, transportistas y ciudadanos.
Además, el delito será considerado consumado aun cuando la víctima no entregue el dinero exigido, la ley también responsabiliza a personas que colaboren indirectamente en el manejo de depósitos o transferencias vinculadas con actividades extorsivas.
En los casos donde la víctima fallezca como consecuencia de amenazas, atentados o presiones relacionadas con la extorsión, los responsables podrán enfrentar prisión perpetua.
Las sanciones aumentarán un tercio adicional si los delitos son cometidos por funcionarios públicos, estructuras criminales organizadas, reincidentes o grupos que utilicen menores de edad para ejecutar actividades ilícitas.
La legislación también contempla nuevas herramientas de investigación y coordinación operativa entre instituciones de seguridad.
Entre las disposiciones más relevantes figura la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, entidad que trabajará de manera conjunta con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dipampco, la ATIC, las Fuerzas Armadas y otros organismos encargados de combatir la criminalidad.
Asimismo, empresas telefónicas, bancos y plataformas financieras estarán obligadas a proporcionar información a las autoridades durante procesos investigativos relacionados con terrorismo, extorsión y crimen organizado.
El decreto también autoriza medidas especiales para fortalecer el sistema penitenciario y ampliar operativos de seguridad en diferentes regiones del país, en medio de una creciente presión social por frenar la violencia y recuperar el control de comunidades históricamente afectadas por las pandillas.
LEE AQUÍ: CCIT reconoce esfuerzos del Gobierno en seguridad tras hechos violentos