El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, afirmó que el aumento en los precios de los combustibles en Honduras responde a factores internacionales y no a decisiones tomadas dentro del país, al tiempo que aseguró que el gobierno mantiene controles estrictos para evitar abusos en el mercado nacional.
Ordóñez explicó que Honduras enfrenta una realidad que no es exclusiva del país, ya que existe una presión internacional sobre los precios de los carburantes provocada por conflictos geopolíticos, interrupciones en las cadenas de suministro y la volatilidad de los mercados energéticos.
«Es importante decirlo sin rodeos: Honduras no fija el precio de los combustibles. Honduras lo recibe. Somos un país importador y compramos combustibles ya refinados con referencia a mercados internacionales, principalmente de la costa del Golfo de Estados Unidos. Eso significa que los aumentos que el consumidor ve en la bomba no nacen aquí, llegan», señaló el funcionario.
No obstante, el ministro enfatizó que, aunque el gobierno no controla el precio internacional de los carburantes, sí tiene la responsabilidad de vigilar la conducta de los actores dentro del mercado nacional.
En ese sentido, informó que se realizan inspecciones diarias en todo el país a través de la Dirección de Protección al Consumidor.
Estas verificaciones incluyen controles de pesos y medidas, revisión de precios, márgenes de comercialización y la detección de prácticas abusivas que puedan afectar a los consumidores.
El titular de Desarrollo Económico advirtió que el gobierno no permitirá especulación, acaparamiento ni abusos por parte de quienes intentan aprovechar la coyuntura internacional para elevar injustificadamente los precios al consumidor hondureño.
“Vamos a actuar, vamos a sancionar y ya lo estamos haciendo”, afirmó.
El funcionario también reveló que han recibido varias denuncias relacionadas con la comercialización del gas LPG, entre ellas la llamada práctica del “pixeleo”, que consiste en entregar cilindros con menos contenido del que el consumidor está pagando.
Según indicó, este tipo de acciones representa un golpe abusivo para las familias hondureñas y constituye una violación directa a la normativa vigente en materia de hidrocarburos y protección al consumidor.
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