Tegucigalpa, Honduras (20.07.2022).– El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional (CN), Ramón Barrios, aclaró a través de sus redes sociales que los abusadores de mujeres y niños, no podrán postularse para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Los abusadores de las mujeres y de los menores, están considerados para ser sancionados en la matriz de evaluación de la junta nominadora, así que como legislador me aseguré junto a otros (as) congresistas que no llegarán a ser nominados a la CSJ”, dijo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
Cabe mencionar que, el día de la aprobación de la Ley que regulará la elección de los magistrados el congresista expresó que, “este Congreso le dice a los aproximadamente tres mil abogados y notables, que no quedan excluidos, que pueden aspirar, ya la Junta Nominadora verificará las inhabilidades en su momento”.
Nueva Ley de la Junta Nominadora de Magistrados a la CSJ contempla lo siguiente:
Cabe mencionar que, la nueva ley evita la injerencia externa a la Junta Nominadora y garantiza un proceso investigativo, de transparencia y anticorrupción.
Asimismo, evita que los actores políticos, económicos, formales o fácticos penetren al poder judicial.
Por primera vez en la historia de Honduras, la junta nominadora garantizará el enfoque de género ya que al menos uno de sus representantes – titular o suplente- deberá ser mujer. Y estos deberán elegir 23 mujeres y 22 varones de la lista de los 45 nominados.
Esta ley es innovadora, transparente y anticorrupción, ya que los perfiles deberán ser revisados por la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SDGJ), Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y el Ministerio Público (MP).
La ley también obliga a la junta nominadora a utilizar estándares internacionales de derechos humanos contemplados por la ONU.
Cada miembro de la junta que actuará ad honorem, para efecto de responsabilidad legal, asumirá la calidad de funcionario público hasta su disolución.
Por primera vez, y gracias a la nueva ley, la junta nominadora tiene facultades para remitir perfiles corruptos al Ministerio Público.
Para garantizar transparencia y observancia, la nueva ley obliga a la junta a tener sesiones, audiencias y entrevistas públicas.
Las votaciones se harán mediante consignación de nombres, serán transmitidos en vivo, se habilitará un portal de transparencia para conocer actas y perfiles. Esto es innovador.
Las auto postulaciones deberán tener una declaración jurada sobre sus bienes, cuentas, no tener investigaciones o procesos disciplinarios, penales, civiles o administrativos. Este es un apartado innovador, incluyente y anticorrupción.
Hay nuevas instituciones involucradas gracias a la nueva ley, que aseguran buenas prácticas y rigurosidad investigativa. Como la
A diferencia de la legislación de la dictadura, la nueva ley basa sus principios y valores constitucionales en el pluralismo, la participación ciudadana, la integración nacional y la neutralidad de los servidores públicos.
Los hombres y mujeres de la nueva junta nominadora deben garantizar la sujeción a la legalidad, igualdad y no discriminación, equidad de género, independencia y objetividad. Esto no existía en la ley de la dictadura.
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