Annie Ramos, una hondureña que reside en Estados Unidos desde los 20 meses de edad, vivió los días más terribles de su vida tras ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una base militar en Luisiana, cuando realizaba un trámite junto a su esposo.
Ramos y su esposo, Matthew Blank, sargento del Ejército de Estados Unidos, acudieron a la base en Fort Polk, Luisiana, para tramitar la tarjeta de identificación militar, un documento esencial para que los cónyuges puedan acceder a servicios de salud y protección legal.
Sin embargo, durante el proceso, el sistema de verificación de antecedentes reportó que la joven tenía una orden de deportación pendiente, por lo que el personal de la base notificó de inmediato a ICE.
Poco tiempo después, Ramos fue detenida en el interior de la base militar, frente a su esposo. La joven fue trasladada a un centro de detención migratoria, donde su esposo no pudo verla ni intervenir en el proceso.
Días después del incidente, las autoridades del centro de detención en Luisiana liberaron a la joven hondureña, de 22 años, luego de que su arresto generara reacciones en la opinión pública y en organizaciones de veteranos.
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La detención fue vista como una afrenta a la moral de las Fuerzas Armadas y a la política de apoyo a las familias militares.
“Es inconcebible que, mientras un soldado jura defender la Constitución y las leyes de este país, el sistema detenga a su esposa al intentar regularizar su situación migratoria”, afirmó un portavoz de la organización American Families United, según una publicación de Reuters.
La hondureña, estudiante de bioquímica, fue puesta en libertad condicional. Tras su salida, expresó: “Lo único que siempre he querido es vivir con dignidad en el país que he llamado hogar desde que era un bebé”.
Condiciones de ICE para su liberación
Pese a la liberación de Ramos, su situación judicial sigue sin resolverse, ya que las autoridades impusieron condiciones estrictas para evitar su deportación a Honduras.
En ese sentido, la joven universitaria deberá portar una tobillera electrónica permanente.
De igual forma, deberá presentarse cada semana, de manera obligatoria, ante las oficinas de ICE para reportar su estancia en territorio estadounidense.
Además, le dejaron claro que su proceso de deportación permanece abierto, aunque los abogados de Ramos solicitaron una “moción para reabrir” el caso de 2005, argumentando que ella era menor de edad y no tenía control sobre la decisión de sus padres.
Se conoció que la defensa legal de la hondureña busca demostrar que cumple con los requisitos para ingresar a programas especiales para familiares de militares.
La orden de deportación de Annie se emitió en 2005, luego de que sus padres no se presentaran a una audiencia migratoria, lo que derivó en una orden de expulsión in absentia. Durante veinte años, la joven vivió bajo la protección de sus padres, sin acceso a la ciudadanía ni a una regularización definitiva.