Tegucigalpa, Honduras (27.12.2023). – Ministerio Público (MP) propuso 44 medios de prueba en el caso de fraude y estafa en el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acudió a la audiencia inicial de los exempleados del INP.
Los acusados son: Silvio Javier Morales Rodríguez, Carlos René Aguilar Sevilla y Albertina Eduviges Gómez Canales, así como de los notarios públicos Laureano Carbajal Rivas, Pedro Armando Santos Martínez y Farid Sanabria Polanco.
Según la Fiscalía, los imputados se valieron del dolor de 50 familias quienes perdieron a sus seres queridos en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en mayo del 2004, en donde lamentablemente fallecieron más de 107 privados de libertad.
En ese sentido, el Ministerio Público propuso 11 medios de prueba testificales, 30 documentales y tres periciales, pero, debido a la complejidad de la misma, los abogados defensores, cinco en total, solicitaron suspensión de la audiencia y turno para revisar la carga prueba del ente acusador, concediendo el juez el espacio peticionado y señalando fecha para continuación de la inicial para el miércoles 3 de enero de 2024.
CIDH
De acuerdo a la relación de hechos investigados, luego de las trágicas muertes, los familiares de los fallecidos interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en lo que se conoció como «Caso Pacheco Teruel y otros», en donde, se determinó mediante sentencia en el año 2012 que el Estado de Honduras debía pagar a cada una de las 107 familias una indemnización de 317,289 lempiras con 72 centavos.Dichos fondos comenzaron a pagarse en el año 2017 luego que la directora del INP creara una comisión para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, se descubrió por parte del Ministerio Público que 49 cheques pertenecientes a igual número de familias fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una misma persona quien actuó con poderes que nunca otorgaron las victimas, además se encontraron inconsistencias en la documentación con las firmas de los afectados y las huellas así como la no autorización de muchos expedientes por parte de la Comisión creada en el INP, burlándose de esta forma de varios de los dolientes quienes al final no recibieron el pago porque un grupo de malos ciudadanos entre empleados del INP quienes se apropiaron de manera ilegal del dinero de las victimas en confabulación con notarios públicos.
Las capturas en torno a este expediente fueron ejecutadas por equipos de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)
y de la Policía Nacional, quienes continúan tras la pista de otras personas acusadas de fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.
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