El Congreso Nacional de Honduras avanza hacia una de las reformas más severas contra la extorsión y las estructuras criminales que operan en el país.
El diputado Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad, confirmó que el proyecto de reformas al Código Penal y Procesal Penal ya superó el primer y segundo debate y podría ser aprobado este lunes en sesión pública.
Las reformas buscan ampliar el alcance del delito de extorsión para perseguir no solo a quienes realizan amenazas o cobros directos, sino también a toda la red financiera y tecnológica que sostiene estas operaciones criminales.
Combate frontal a la extorsión
“Ya no solamente se castigará al que llama o cobra, sino también a quienes financian, movilizan dinero, prestan cuentas bancarias o facilitan plataformas tecnológicas para delinquir”, explicó Paz .
La iniciativa legislativa surge en medio del incremento de operaciones criminales vinculadas a estructuras de maras y bandas organizadas que utilizan transferencias electrónicas, billeteras digitales y cuentas de terceros para ocultar el rastro del dinero producto de la extorsión.
Entre los principales cambios se incluye la incorporación de responsabilidades penales para: Recolectores de dinero ilícito. Operadores logísticos y tecnológicos. Financistas de estructuras criminales.
Colaboradores que permitan transferencias electrónicas vinculadas al delito.
Además, las reformas contemplan el endurecimiento de penas y nuevas herramientas procesales para agilizar investigaciones y fortalecer las capacidades del sistema judicial y de seguridad.
Cerrar vacíos legales
El parlamentario aseguró que las modificaciones buscan cerrar vacíos legales que durante años permitieron que operadores secundarios de las redes criminales evitaran procesos judiciales o recibieran condenas menores.
Las reformas también han sido impulsadas bajo el argumento de fortalecer la lucha del Estado contra organizaciones que generan terror en distintos sectores del país, especialmente en el transporte, comercio y pequeños negocios.
Según lo discutido en la Comisión de Seguridad, el objetivo es atacar integralmente las finanzas criminales y debilitar la capacidad operativa de las estructuras dedicadas a la extorsión, uno de los delitos que más impacto económico y social provoca en Honduras.
El proyecto ha generado respaldo entre sectores que exigen medidas más contundentes contra la criminalidad organizada, aunque también ha abierto debate sobre la necesidad de garantizar el respeto al debido proceso y los derechos humanos dentro de la aplicación de las nuevas disposiciones.
La sesión legislativa de este lunes será determinante para definir la aprobación final de unas reformas que podrían marcar un nuevo giro en la política criminal hondureña y endurecer significativamente el combate contra la extorsión en el país.
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