Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de los primeros 100 días del Gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se le cumplió al pueblo hondureño con la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan.
La amnistía para presos políticos y condena al Golpe de Estado en el 2009, al expresidente José Manuel Zelaya, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 05 de febrero del año en curso.
La misma busca extinguir procesos penales contra presos de conciencia, como defensores del medio ambiente.
También incluye a las personas que fueron víctimas de esta crisis política suscitada, así como, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el Golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública.
De igual forma, favorece a quienes se manifestaron y fueron reprimidos por acciones policiales y militares, criminalizados por los entes de justicia coludidos en aquel entonces con los interesados en sacar del poder al expresidente Zelaya.
Este proyecto fue promulgado por el Congreso Nacional, el cual en apoyo al Plan de Gobierno de la Presidenta Castro exportó un documento que contempla la amnistía.
Asimismo, derogó el decreto legislativo 141-2009, donde rechaza y condena el Golpe de Estado.
El expresidente Zelaya fue derrocado a siete meses de concluir su mandato de cuatro años cuando promovía una consulta popular.
En tal sentido, el dirigente político Gilberto Ríos, destacó que con la amnistía política benefició a más de 7 mil campesinos judicializados, de los cuáles más de 700 son mujeres.
Además, 170 estudiantes, 72 sindicalistas, más de 3 mil oponentes políticos, 32 maestros y 145 ambientalistas, que lucharon ante la represión de aquellos años.
DERECHOS HUMANOS
La Secretaría de Derechos Humanos resaltó que este proyecto tiene como finalidad reparar el daño ocasionado, en alguna medida, a todas las personas que fueron injustamente criminalizadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Esta amnistía se concede para que, quienes se encuentren en el exilio, puedan regresar al país y las que tienen causas judiciales vinculadas a delitos políticos puedan ser exonerados y poder continuar con sus proyectos de vida” cita un comunicado.
Eduardo Enrique Urbina, un joven estudiante de Historia en la Universidad Nacional Autonóma de Honduras (UNAH) fue perseguido por las fuerzas represoras de aquel tiempo, llevandolo a la decisión de abandonar su patria.
Urbina fue acusado de participar en las protestas del fraude electoral del 2017.
En 2022, año del inicio del mandato de Castro, Urbina regresó de Costa Rica, gracias a la amnistía política, un juez resolvió entregarle una carta de libertad definitiva.
Cabe mencionar que, el golpe militar de 2009, trajo según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un alarmante deterioro de la situación de derechos y libertades fundamentales que se enmarcó dentro de una política del régimen de facto.
En tal efecto, la presidenta Xiomara Castro, junto al Congreso del Pueblo aprobó este proyecto que busca entablar nuevas de bases en el sistema de derechos humanos y judicial hondureño para la refundación de Honduras.
