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Independencia de Cataluña: fiscalía de España anuncia querella contra expresidente Carles Puigdemont y otros miembros del gobierno destituido.

La frenética sucesión de acontecimientos en medio de la crisis en España por la declaración de independencia de Cataluña no cesa.

La Fiscalía General del Estado anunció este lunes que presentó una querella contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros ex altos cargos de la Generalitat destituidos, por los delitos de rebelión, sedición, malversación “y otros conexos”.

El fiscal, José Manuel Maza, aseguró que el gobierno catalán cesado actuó “con total desprecio a la Constitución”.

Apenas horas después de esta declaración, la BBC confirmó que Puigdemont está en Bruselas. Por el momento se desconoce el motivo de su viaje.

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“Total desprecio” a la Constitución

El gobierno español ha tomado este lunes control de las instituciones catalanastras cesar al gobierno y al parlamento en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la proclamación de la independencia, en un pleno en el que se negaron a participar los partidos no independentistas.

Maza considera que los ya exconsejeros “a lo largo de los dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con una declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio” a la Constitución española el pasado 27 de octubre.

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En una breve comparecencia ante los medios, el fiscal general del Estado anunció que una primera querella se dirige contra todos los miembros cesados del gobierno catalán, mientras que otra va contra los integrantes de la Mesa del Parlament, también destituido, que permitieron la tramitación de la declaración de independencia.

El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont.
Image captionEl expresidente Carles Puigdemont entona el himno catalán tras la declaración de independencia.

Entre los incluidos está la expresidenta de esta institución, Carme Forcadell.

Maza explicó que la querella contra los miembros del Gabinete catalán se presenta ante la Audiencia Nacional, porque ninguno de ellos cuenta con foro especial, mientras que los miembros de la Mesa del Parlamento deberían responder ante el Tribunal Supremo al sí contar con un foro especial como parlamentarios.

El fiscal no pidió la detención preventiva para ninguno de los mencionados, pero sí el establecimiento de una fianza de más de seis millones de euros.

Los delitos más graves que imputa el fiscal pueden comportar hasta 30 años de cárcel (rebelión) y 15 (sedición), según el diario El País.

Sus escritos tendrán ahora que ser analizados por ambos tribunales.

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