Editorial: “Violencia y cárceles de máxima seguridad”.

Los hondureños teníamos la confianza que las reyertas, las evasiones, la introducción de armas, los actos de violencia y otros sucesos de la podredumbre carcelaria habían pasado a la historia.

Resulta que no es así. Ayer se produjo en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, un enfrentamiento que arrojó el balance de dos miembros de maras y pandillas con heridas provocadas con armas de fuego.

No es el primer evento que se registra en los módulos que albergan a los privados de alta peligrosidad. Sólo 24 horas antes, el miércoles, otro imputado fue lesionado con arma blanca.

Los acontecimientos no terminan ahí. El 18 de junio un recluso fue atacado por un compañero con un objeto punzante y, el 19 de ese mismo mes, un presidiario apareció muerto en circunstancias confusas.

Estos hechos ocurridos en un lapso de cuatro meses son por demás inaceptables. Son circunstancias que hubiesen sido calificadas como normales dentro del contaminado sistema penal; pero, han tenido desarrollo en los módulos de máxima seguridad, donde se supone que está en vigencia un esquema riguroso de control, disciplina y aislamiento de los procesados y condenados.

¿Podemos deducir que las cárceles donde han sido remitidos los malhechores más peligrosos cayeron en el mismo torbellino de contaminación en que han estado los presidios, convertidos en catedrales del crimen?

¿Tan pronto se perdió el ejercicio de la gobernabilidad en Los Pozos, abiertos para recibir a los miembros de las células de más alta incidencia criminal?

¿Son, por el contrario, incidentes separados y sin ninguna repercusión sobre los propósitos definidos para transformar el sistema penitenciario hondureño?

Los planes para tratar los males endémicos de las cárceles de nuestro país pueden quedar soterrados si no se pone cuidado a los brotes que se han presentado en los presidios reservados para los delincuentes de alto riesgo.

Los señores del Instituto Penitenciario están obligados a rendir cuentas de lo que pasa en dichos establecimientos carcelarios. Y, en segundo término, es inaplazable que se tomen cartas en el asunto para deducir responsabilidades a los custodios y al personal administrativo asignado a las cárceles de máxima seguridad, que han sido escenario de los más recientes hechos violentos.

De lo contrario, no fructificarán los esfuerzos empeñados por el Poder Ejecutivo en el propósito de convertir las cárceles en sitios donde imperen los criterios de correspondencia entre el delito, la condena y la aplicación dura de la ley.

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